El sector minero-energético tendrá por primera vez una política pública de equidad de género

Bogotá D.C., julio de 2026. Colombia dio un paso histórico en la inclusión del sector minero-energético con la adopción de la primera Política Pública de Equidad de Género para esta industria. La medida, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, establece una hoja de ruta hasta 2035 para reducir brechas laborales, promover liderazgo femenino y garantizar más oportunidades para las mujeres en uno de los sectores más estratégicos del país.

La política incluye 86 acciones concretas que serán implementadas durante la próxima década. Su objetivo es transformar de manera estructural la participación de las mujeres en actividades de minería, hidrocarburos, electricidad, energías renovables y nuevas oportunidades derivadas de la Transición Energética Justa.

El diagnóstico del Ministerio evidencia que las mujeres siguen teniendo una participación limitada en el empleo sectorial. Actualmente representan apenas el 14,5% del empleo en explotación de minas y canteras, el 24% en hidrocarburos y entre el 29% y el 33% en el sector eléctrico. En minería industrial, la participación baja al 8,8%.

Estas cifras muestran que la equidad de género no es un tema accesorio, sino un reto central para la competitividad, sostenibilidad y modernización del sector. La nueva política busca que más mujeres accedan a empleos formales y de calidad, participen en espacios de decisión y tengan oportunidades reales dentro de las actividades productivas y energéticas del país.

Una hoja de ruta al 2035

La Política Pública de Equidad de Género del Sector Minero-Energético fue diseñada como una hoja de ruta de largo plazo. Su horizonte al 2035 permite establecer metas, acciones, responsables y mecanismos de seguimiento para que la inclusión de las mujeres no dependa únicamente de iniciativas aisladas.

El enfoque de largo plazo es clave porque las brechas de género en el sector tienen raíces estructurales. Durante décadas, actividades como minería, petróleo, gas, generación eléctrica, transmisión, operación técnica y mantenimiento han estado asociadas principalmente con mano de obra masculina.

Cambiar esa realidad exige intervenciones simultáneas en formación, contratación, permanencia, ascenso, condiciones laborales, seguridad, cultura organizacional, liderazgo, información estadística y toma de decisiones.

86 acciones para cerrar brechas

El plan de acción concertado por el Ministerio contiene 86 medidas. Entre ellas se destacan estrategias para fortalecer la participación de mujeres en espacios de decisión, incorporar transversalmente el enfoque de género en políticas sectoriales y crear mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.

También se prevé la firma de acuerdos con el Ministerio del Trabajo para verificar condiciones laborales de las mujeres en el sector, especialmente en actividades donde persisten riesgos de informalidad, discriminación, barreras de acceso o condiciones de vulnerabilidad.

La amplitud del plan muestra que la política no se limita a promover más contratación femenina. Busca transformar la gestión institucional y empresarial para que las mujeres puedan ingresar, permanecer, ascender y liderar dentro del sector minero-energético.

Mujeres siguen siendo minoría en minería e hidrocarburos

El diagnóstico presentado por MinEnergía revela brechas importantes. En explotación de minas y canteras, las mujeres representan solo el 14,5% del empleo. En hidrocarburos, la participación llega al 24%.

En minería industrial, la cifra es aún menor: apenas 8,8%. Esto evidencia que los cargos operativos, técnicos y de decisión siguen altamente masculinizados, pese a que existen mujeres con formación y experiencia para participar en estas actividades.

En la minería artesanal y de pequeña escala, el problema no es solo la baja participación formal, sino la informalidad y vulnerabilidad de muchas trabajadoras. En varios territorios, las mujeres participan en actividades de barequeo, selección, beneficio, comercialización o labores comunitarias sin reconocimiento pleno ni protección laboral suficiente.

Sector eléctrico muestra mayor participación, pero aún con brechas

En el sector eléctrico, la participación femenina se ubica entre el 29% y el 33%, una cifra superior a la registrada en minería e hidrocarburos, pero todavía insuficiente para hablar de equilibrio.

La transición energética abre nuevas oportunidades en generación solar, energía eólica, almacenamiento, eficiencia energética, comunidades energéticas, digitalización, redes inteligentes, regulación, operación y mantenimiento. Sin una política de equidad, esos nuevos empleos podrían reproducir las mismas desigualdades históricas.

Por eso, uno de los objetivos de la política es garantizar que las oportunidades de la transición energética también lleguen a mujeres jóvenes, técnicas, profesionales, lideresas comunitarias, trabajadoras rurales y mujeres de territorios minero-energéticos.

Edwin Palma: más voz, más participación y más acceso

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, destacó que la política responde a una convicción personal y política: las mujeres deben tener más voz, más participación, más espacios y mayor acceso dentro del sector.

Palma señaló que la política fue construida con participación de mujeres y actores del sector, lo que refuerza su carácter colectivo. Para el Ministerio, la equidad de género debe convertirse en una condición para una transición energética verdaderamente justa.

El ministro también indicó que el objetivo general de la política es contribuir a la equidad de género al 2035, promoviendo mayor acceso de las mujeres al empleo formal y de calidad, así como a oportunidades económicas y de desarrollo derivadas de las actividades propias del sector y de la transición energética.

Empleo formal y de calidad

Uno de los ejes principales de la política es mejorar las condiciones laborales para favorecer la contratación, permanencia y ascenso de las mujeres. Esto implica revisar procesos de selección, formación, promoción interna, ambientes laborales y medidas para prevenir discriminación o violencias basadas en género.

El empleo de calidad no solo se refiere a tener un contrato formal. También implica remuneración justa, condiciones seguras, oportunidades de capacitación, estabilidad, acceso a cargos técnicos y directivos, y entornos libres de acoso o exclusión.

En sectores intensivos en operación, territorio y turnos, la política deberá abordar barreras prácticas como infraestructura adecuada, transporte, seguridad en campo, conciliación de responsabilidades familiares y protocolos de prevención de violencias.

Liderazgo femenino y toma de decisiones

Otro objetivo central es promover una participación más efectiva de las mujeres en espacios de decisión. Esto incluye juntas directivas, cargos directivos, comités técnicos, equipos de operación, mesas sectoriales, procesos comunitarios y escenarios institucionales.

Aumentar el liderazgo femenino no es solo una medida de representación. También mejora la calidad de las decisiones, incorpora nuevas perspectivas y permite que las políticas públicas respondan mejor a las necesidades de diferentes grupos de población.

En el sector minero-energético, donde las decisiones afectan territorios, comunidades, empleo, ambiente, tarifas, inversión y seguridad energética, contar con voces diversas puede fortalecer legitimidad y sostenibilidad.

Enfoque de género en toda la gestión sectorial

La política busca fortalecer las capacidades institucionales para incorporar el enfoque de género en toda la gestión sectorial. Esto significa que las entidades no deberán tratar la equidad como un programa paralelo, sino integrarla en planeación, regulación, proyectos, presupuestos, indicadores y seguimiento.

Incorporar el enfoque de género implica preguntarse cómo afectan las decisiones minero-energéticas a mujeres y hombres de manera diferenciada. También exige identificar barreras específicas, producir datos desagregados y diseñar acciones correctivas.

Esta transversalización será liderada por el equipo de género de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (OAAS), con apoyo de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional del Ministerio.

Compromisos internacionales y marco nacional

MinEnergía indicó que la política se sustenta en compromisos internacionales asumidos por Colombia en materia de igualdad de género, derechos humanos y acción climática. También se apoya en el marco normativo nacional que promueve la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas.

La relación entre género y transición energética es cada vez más relevante en la agenda internacional. La transformación de los sistemas energéticos puede crear empleos, inversiones y cambios productivos, pero si no se diseña con enfoque inclusivo, puede ampliar brechas existentes.

Por eso, la política busca que las mujeres no sean solo beneficiarias indirectas de programas energéticos, sino protagonistas de la transición, la toma de decisiones y la construcción de nuevos modelos productivos.

Avances previos se integran en una estrategia común

La nueva política también recoge avances que ya habían desarrollado entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la UPME y el propio Ministerio de Minas y Energía. La diferencia es que ahora esos esfuerzos se integran en una estrategia común con metas, acciones y mecanismos de seguimiento.

MinEnergía había presentado en 2020 lineamientos para la equidad de género del sector minero-energético, producto de un trabajo colaborativo con empresas, entidades adscritas, autoridades locales, gremios, academia y sociedad civil.

En 2025, el Ministerio también reactivó el Comité de Asuntos de Género del sector, un espacio orientado a consolidar una política pública con enfoque de género, interseccional y territorial.

De lineamientos a política pública

La adopción de esta política marca un paso adicional frente a los lineamientos previos. Mientras los lineamientos orientaban acciones y recomendaciones, una política pública establece una hoja de ruta institucional con objetivos, responsables, implementación, seguimiento y evaluación.

Esto le da mayor fuerza al proceso porque permite medir avances, exigir resultados y coordinar a las entidades adscritas. También facilita que el enfoque de género tenga continuidad más allá de cambios administrativos o decisiones puntuales.

En un sector donde los proyectos pueden tardar años y las inversiones se planifican a largo plazo, contar con una política al 2035 permite alinear la inclusión de mujeres con la evolución futura de la matriz energética y minera.

Transición Energética Justa con liderazgo de mujeres

La política conecta directamente la equidad de género con la Transición Energética Justa. Esta transición no solo implica cambiar fuentes de energía, sino transformar el empleo, la formación, la participación comunitaria y los modelos productivos.

Si Colombia avanza en energías renovables, comunidades energéticas, eficiencia, almacenamiento, redes inteligentes y reconversión laboral, debe garantizar que las mujeres tengan acceso a esas nuevas oportunidades.

Esto incluye formación técnica para instalación y mantenimiento de sistemas solares, participación en proyectos comunitarios, liderazgo en empresas energéticas, acceso a empleo en nuevas cadenas de valor y presencia en decisiones sobre proyectos que afectan territorios.

Barreras culturales y estereotipos

Uno de los retos más profundos es transformar estereotipos y barreras culturales que históricamente han limitado la participación de las mujeres en el sector. En muchos casos, persiste la idea de que los trabajos mineros, petroleros, eléctricos o técnicos son labores masculinas.

Estos estereotipos afectan decisiones de formación, contratación, ascenso y liderazgo. También pueden desincentivar a niñas y jóvenes a estudiar carreras técnicas o profesionales vinculadas con ciencia, tecnología, ingeniería, energía o minería.

La política deberá trabajar con instituciones educativas, empresas, gremios, comunidades y entidades públicas para cambiar imaginarios y mostrar que las mujeres pueden desempeñarse en todas las áreas de la cadena minero-energética.

Condiciones laborales y entornos seguros

La equidad también requiere entornos laborales seguros. En sectores con trabajo en campo, operación nocturna, turnos extensos, campamentos, minas, plantas, subestaciones o plataformas, las condiciones de seguridad e infraestructura pueden convertirse en barreras para la participación femenina.

La política deberá promover protocolos contra el acoso, adecuaciones de espacios, medidas de seguridad, canales de denuncia, formación en prevención de violencias y mecanismos de respuesta efectiva.

Garantizar entornos seguros beneficia a todas las personas trabajadoras y mejora la cultura organizacional. Sin condiciones dignas y libres de violencia, la contratación de mujeres puede no traducirse en permanencia ni ascenso.

Mujeres en minería artesanal y de pequeña escala

La política reconoce que muchas mujeres vinculadas a la minería artesanal y de pequeña escala enfrentan informalidad y vulnerabilidad. Este segmento requiere acciones diferenciadas porque sus condiciones son distintas a las de grandes empresas mineras.

En territorios mineros, las mujeres pueden participar en labores productivas, comerciales, familiares y comunitarias sin reconocimiento económico suficiente. También pueden enfrentar riesgos de salud, inseguridad, informalidad, baja protección social y falta de acceso a financiamiento o capacitación.

Una política de equidad debe visibilizar ese trabajo, mejorar condiciones, promover formalización, fortalecer capacidades y abrir oportunidades económicas para mujeres que dependen de actividades mineras de pequeña escala.

Seguimiento y rendición de cuentas

Entre las acciones previstas está la creación de mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas. Este componente será fundamental para que la política no se quede en declaraciones.

Medir avances permitirá conocer cuántas mujeres ingresan al sector, cuántas permanecen, cuántas ascienden, qué cargos ocupan, qué brechas salariales existen, qué programas de formación funcionan y qué barreras persisten.

La rendición de cuentas también puede ayudar a que empresas, entidades adscritas, gremios y sociedad civil hagan seguimiento a los compromisos adquiridos y propongan ajustes cuando sea necesario.

Competitividad e inclusión

Un sector más inclusivo también puede ser más competitivo. Incorporar más mujeres amplía la base de talento, mejora la diversidad de equipos, fortalece la innovación y permite responder mejor a retos sociales y territoriales.

En sectores que requieren alta especialización técnica, excluir o limitar la participación de la mitad de la población significa desaprovechar capacidades. La transición energética demandará nuevos perfiles, y cerrar brechas será clave para cubrir esa demanda.

La inclusión de mujeres en empleos de calidad puede generar beneficios económicos directos: más ingresos para hogares, mayor autonomía económica, mejores trayectorias laborales y mayor participación en actividades productivas de alto valor.

Entidades adscritas deberán articular la implementación

El Gobierno implementará la política de manera articulada con las entidades adscritas al Ministerio. Esto incluye instituciones con roles técnicos, regulatorios, de planeación, promoción, información y ejecución en minería, hidrocarburos y energía.

La articulación será necesaria para que las acciones no queden fragmentadas. Cada entidad deberá incorporar el enfoque de género en sus planes, programas, indicadores y relaciones con empresas, comunidades y territorios.

Esta coordinación también permitirá aprovechar experiencias previas y evitar duplicidades, generando una estrategia sectorial más coherente y sostenible.

Una política con enfoque interseccional y territorial

Aunque la equidad de género es el eje central, la realidad de las mujeres en el sector no es homogénea. Las barreras que enfrenta una ingeniera en una empresa eléctrica pueden ser distintas a las de una mujer minera artesanal, una lideresa rural, una trabajadora informal o una joven que busca formación técnica.

Por eso, el enfoque territorial e interseccional será determinante. La política deberá considerar diferencias por región, edad, nivel educativo, pertenencia étnica, condición socioeconómica, ruralidad, tipo de empleo y relación con actividades extractivas o energéticas.

Solo así las acciones podrán responder a necesidades reales y no limitarse a medidas generales que beneficien principalmente a mujeres que ya están cerca de las oportunidades formales.

Un cambio estructural para el sector

La adopción de la primera política pública de equidad de género del sector minero-energético representa un cambio estructural porque convierte la inclusión en una responsabilidad institucional. Ya no se trata únicamente de programas voluntarios o iniciativas empresariales, sino de una hoja de ruta pública con acciones concretas.

El desafío será pasar de la formulación a la implementación. Para que los resultados sean visibles, la política necesitará presupuesto, liderazgo, coordinación, datos confiables, participación de mujeres y compromiso del sector privado.

También será clave que las acciones sobrevivan a los cambios de gobierno y se integren a los planes de largo plazo del sector, especialmente en transición energética, reconversión laboral, formalización minera e infraestructura.

Con una hoja de ruta al 2035, 86 acciones y un diagnóstico que evidencia baja participación femenina en minería, hidrocarburos y electricidad, la nueva política pública de equidad de género busca abrir más oportunidades para las mujeres y consolidar un sector minero-energético más inclusivo, competitivo y sostenible para Colombia.