MinHacienda pide $1,2 billones para subsidios eléctricos y advierte sobre riesgos para el suministro

Bogotá D.C., octubre de 2026. El Gobierno volvió a pedir al Congreso celeridad en la aprobación de recursos adicionales para el sector eléctrico colombiano, en momentos en que las autoridades enfrentan simultáneamente presiones de liquidez, mayores necesidades de generación térmica y un escenario climático condicionado por el Fenómeno de El Niño.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, solicitó que se habiliten aproximadamente $1,2 billones para cubrir obligaciones del sector energético durante el cierre de la vigencia 2026.

Según la información presentada por el Gobierno y recogida por distintos medios, los recursos forman parte de un proyecto de adición presupuestal más amplio que está siendo tramitado con mensaje de urgencia ante el Congreso.

Para Hacienda, garantizar recursos suficientes es necesario para reducir la posibilidad de que los problemas financieros del mercado terminen afectando la capacidad física del sistema para suministrar electricidad.

Gobierno pide celeridad al Congreso

Gómez insistió ante el Legislativo en que la discusión presupuestal debe avanzar rápidamente debido a la situación energética del país.

La preocupación del Ministerio está relacionada con el impacto que podría generar una interrupción del servicio sobre la actividad económica y sobre millones de usuarios.

En este contexto, Hacienda considera que mantener al día las obligaciones del sector es una herramienta para evitar que los problemas de caja afecten a los agentes responsables de producir y comercializar electricidad.

La aprobación continúa dependiendo del trámite legislativo, por lo que los recursos no deben considerarse definitivamente disponibles hasta que el Congreso complete el proceso correspondiente.

$1,2 billones estarían destinados al sector eléctrico

La cifra que concentra la atención es de aproximadamente $1,2 billones.

Valora Analitik señala que MinHacienda solicitó estos recursos para atender subsidios eléctricos, mientras otros reportes del debate presupuestal los describen de manera más amplia como recursos destinados a obligaciones del sector de energía durante el cierre del año.

En cualquiera de los casos, el objetivo planteado por el Ejecutivo es aliviar presiones financieras que pueden terminar repercutiendo sobre la continuidad de la prestación.

La diferencia en la descripción del destino específico hace importante distinguir entre la solicitud presupuestal global para el sector y la forma concreta en que cada partida será ejecutada una vez avance el proyecto.

Recursos hacen parte de una adición presupuestal más amplia

Reportes del trámite legislativo indican que el Gobierno presentó una adición al Presupuesto General de la Nación cercana a $4 billones.

De ese total, aproximadamente $1,2 billones se destinarían al sector energético y cerca de $2,7 billones a la atención de las consecuencias del terremoto ocurrido durante 2026.

Esta operación es diferente de una simple reasignación interna entre partidas previamente aprobadas, pues el planteamiento actual corresponde a una adición que requiere autorización legislativa.

El Gobierno vincula los recursos con la prevención de un apagón

Durante su intervención, Gómez utilizó el riesgo de un eventual apagón para justificar la urgencia de la medida.

Según el ministro, una reducción significativa de la capacidad efectiva para suministrar electricidad tendría consecuencias económicas de gran magnitud.

Por esa razón, el Gobierno plantea que deben mantenerse disponibles todas las herramientas financieras y operativas necesarias para garantizar el servicio.

Es importante precisar que esta advertencia no significa que exista actualmente un apagón nacional decretado ni que su ocurrencia esté asegurada. Se trata de un riesgo que el Gobierno afirma querer prevenir mediante acciones anticipadas.

El Niño aumenta la presión sobre el sistema

El contexto climático explica parte de la urgencia.

El Fenómeno de El Niño 2026-2027 puede reducir los aportes de agua hacia los embalses y obligar al sistema eléctrico colombiano a utilizar una proporción mayor de generación térmica.

Cuando disminuye la disponibilidad hidráulica, las centrales que operan con gas, carbón o combustibles líquidos adquieren mayor importancia para garantizar energía firme.

Ese cambio también incrementa las necesidades financieras del sistema, debido a que las plantas térmicas deben comprar combustible para producir electricidad.

Liquidez puede convertirse en un asunto operativo

Uno de los principales aprendizajes de la coyuntura energética de 2026 es que la confiabilidad no depende únicamente de tener plantas construidas.

Los generadores necesitan recursos para adquirir combustibles, contratar transporte, financiar inventarios y cubrir los costos de operación.

Si la cadena de pagos se deteriora, una planta técnicamente disponible puede enfrentar problemas para generar durante un periodo prolongado.

Esta relación entre finanzas y operación explica por qué Hacienda ha participado directamente en las discusiones sobre seguridad energética.

Subsidios también son parte de la sostenibilidad del mercado

Los subsidios eléctricos tienen un impacto directo sobre la cadena financiera de las empresas.

Los comercializadores aplican descuentos a los usuarios beneficiarios bajo las condiciones definidas por la regulación y posteriormente requieren que el Estado reconozca los recursos correspondientes.

Si esos pagos se retrasan o resultan insuficientes, las compañías pueden acumular cuentas por cobrar frente al Gobierno.

Por eso, garantizar recursos presupuestales para los subsidios no solo tiene una dimensión social, sino también un efecto sobre la liquidez de la cadena eléctrica.

MinHacienda también puso el foco sobre el gas

La intervención de Gómez no se limitó a la solicitud presupuestal.

El ministro volvió a plantear la necesidad de fortalecer la exploración y producción de petróleo y gas en Colombia.

Su argumento es que una mayor producción doméstica puede reducir la dependencia de importaciones, mejorar el abastecimiento y generar recursos fiscales para programas públicos.

Esta posición corresponde a la visión presentada por el ministro dentro del debate sobre política energética y deberá coexistir con las metas ambientales y de transición energética del país.

Importaciones de gas han aumentado con fuerza

Según las cifras citadas por Hacienda durante el debate, Colombia pasó de importar cerca de US$135 millones en gas durante 2018 a aproximadamente US$960 millones durante el primer semestre de 2026.

Este crecimiento muestra la mayor exposición del país al mercado internacional del combustible.

La dependencia adquiere especial relevancia durante El Niño, porque una mayor utilización de generación térmica puede requerir más gas precisamente cuando la producción local presenta una tendencia descendente.

Hacienda advierte que el gas importado es más costoso

Gómez señaló que el gas adquirido en mercados internacionales puede resultar considerablemente más costoso que el producido domésticamente.

Al precio del combustible se suman procesos de licuefacción, transporte marítimo, regasificación y entrega dentro del sistema colombiano.

Según las cifras citadas por el Ministerio, el gas importado puede resultar entre 130% y 135% más costoso que determinadas referencias de producción nacional.

Esta diferencia puede ejercer presión sobre los costos industriales, la generación eléctrica y finalmente sobre algunos precios pagados por los consumidores.

Producción nacional de gas continúa bajo presión

Otro de los argumentos presentados por Hacienda es la reducción proyectada de la producción interna.

De acuerdo con los datos citados durante el debate, la oferta podría pasar de aproximadamente 798 GBTUD a cerca de 713 GBTUD hacia 2028.

Si la demanda no disminuye en la misma proporción, esa diferencia tendría que ser cubierta mediante nuevos proyectos nacionales o mayores importaciones.

Colombia podría depender más del gas extranjero

Los escenarios mencionados por el ministro indican que para 2028 cerca de 40% de la demanda de gas podría depender de fuentes importadas si no ingresan nuevos volúmenes nacionales.

Este porcentaje corresponde a una proyección y no a una participación ya materializada.

Para Hacienda, reducir esa exposición requerirá inversión en exploración, producción e infraestructura.

Exploración de petróleo y gas vuelve al centro del debate

Gómez defendió una mayor actividad exploratoria como mecanismo para aumentar reservas y recuperar producción.

El ministro sostiene que mantener recursos en el subsuelo sin desarrollar no genera ingresos fiscales ni regalías mientras exista una demanda energética que deba cubrirse con importaciones.

Esta visión forma parte de un debate más amplio sobre el ritmo de la transición energética, la seguridad de abastecimiento y el papel que seguirán teniendo los hidrocarburos durante las próximas décadas.

Regalías también preocupan al Ministerio

El Gobierno relaciona la menor producción de hidrocarburos con una reducción potencial de los ingresos que reciben departamentos y municipios.

Las regalías financian proyectos de inversión pública en diferentes regiones del país.

Para Hacienda, mantener suficiente actividad productiva es importante no solo desde la perspectiva energética, sino también para las finanzas territoriales.

Sector necesita inversiones de largo plazo

Uno de los mensajes centrales de Gómez es que la infraestructura energética requiere grandes cantidades de capital.

Explorar nuevos campos, construir plantas, gasoductos, redes eléctricas, terminales de importación y sistemas de almacenamiento puede tomar varios años.

Los inversionistas necesitan evaluar si los proyectos podrán recuperar el capital durante periodos extensos.

Por esta razón, el ministro plantea que el país necesita reglas que ofrezcan suficiente estabilidad para tomar decisiones de largo plazo.

Estabilidad regulatoria aparece como condición

Para Hacienda, diversificar la matriz no es suficiente si las reglas cambian constantemente.

El ministro afirmó que la política energética necesita continuidad, debido a que los proyectos pueden atravesar diferentes administraciones antes de entrar en operación.

Un proyecto de generación o de gas iniciado hoy puede necesitar varios años antes de entregar energía comercialmente.

Esto exige coordinación entre políticas inmediatas y planes de largo plazo.

Diversificación sigue siendo parte de la estrategia

El planteamiento de Hacienda no descarta el crecimiento de nuevas fuentes.

Gómez sostuvo que Colombia necesita diversificar su sistema, pero al mismo tiempo garantizar firmeza y continuidad.

Esto implica combinar fuentes hidráulicas, térmicas, solares, eólicas y otras tecnologías de acuerdo con las necesidades de confiabilidad y costos.

La discusión se centra en cómo incorporar nuevas fuentes sin generar un déficit de capacidad durante la transición.

Seguridad energética y transición deben avanzar juntas

El reto consiste en evitar que la expansión renovable y la reducción progresiva de emisiones se traduzcan en una pérdida de seguridad de suministro.

Para ello se necesitan redes, almacenamiento, fuentes de respaldo y suficiente capacidad firme.

La coyuntura de El Niño está mostrando precisamente la importancia de mantener distintas alternativas disponibles cuando disminuye la generación hidráulica.

Las térmicas continúan siendo fundamentales durante El Niño

Las plantas térmicas tienen un papel central durante la actual temporada climática.

Cuando los embalses reciben menos agua, estas instalaciones pueden asumir una mayor proporción de la generación.

Sin embargo, esa capacidad depende de suficiente gas, carbón o combustibles líquidos y de una cadena financiera capaz de pagar esos insumos.

Por eso, las medidas presupuestales, el abastecimiento de gas y la disponibilidad térmica forman parte de una misma discusión.

Evitar un apagón tiene un costo económico preventivo

La posición de Hacienda es que destinar recursos antes de una interrupción puede resultar menos costoso que enfrentar las consecuencias de una restricción amplia del suministro.

Una interrupción afectaría producción industrial, comercio, servicios, sistemas de comunicaciones y actividades de millones de hogares.

El Gobierno utiliza este riesgo para justificar el trámite urgente de los recursos ante el Congreso.

Sin embargo, el desembolso debe acompañarse de medidas estructurales que reduzcan la necesidad de acudir repetidamente a apoyos extraordinarios.

Recursos presupuestales no sustituyen nueva infraestructura

Resolver necesidades de caja permite mantener funcionando el sistema existente, pero no aumenta automáticamente la capacidad de generación o transmisión.

Colombia sigue necesitando nuevos proyectos, líneas, subestaciones, almacenamiento y suministro de combustibles.

El presupuesto puede ayudar a superar la coyuntura inmediata, mientras que las inversiones estructurales deben garantizar suficiente capacidad para los próximos años.

Congreso tiene ahora una decisión presupuestal clave

La aprobación de los $1,2 billones depende del Legislativo.

El Gobierno pidió utilizar el mensaje de urgencia para acelerar la discusión y reducir los tiempos de trámite.

Los congresistas deberán evaluar el origen de los recursos, su destinación y los mecanismos de ejecución antes de aprobar la adición.

Hasta que el proceso finalice, el monto debe entenderse como una solicitud gubernamental y no como recursos ya definitivamente ejecutables.

El cierre de 2026 será determinante para el sistema

Los próximos meses combinarán varios factores sensibles: comportamiento de los embalses, demanda eléctrica, disponibilidad térmica, suministro de gas y liquidez de las empresas.

Si El Niño continúa reduciendo los aportes hídricos, el sistema necesitará mantener altos niveles de generación de respaldo.

Esto aumenta la importancia de contar con suficientes recursos financieros y combustibles antes de los meses de mayor presión.

La solicitud combina una respuesta inmediata con un debate de largo plazo

Los $1,2 billones buscan atender necesidades de la vigencia actual, pero la intervención del ministro fue más allá del presupuesto.

Gómez vinculó la coyuntura con temas estructurales como exploración, producción de gas, estabilidad regulatoria y continuidad de la política energética.

Para Hacienda, garantizar energía suficiente requiere combinar recursos públicos inmediatos con inversiones privadas y públicas que aumenten la oferta durante los próximos años.

El Ministerio de Hacienda pidió al Congreso acelerar la aprobación de aproximadamente $1,2 billones para atender obligaciones del sector eléctrico durante el cierre de 2026, incluyendo los compromisos asociados a los subsidios eléctricos reportados por la fuente. El ministro Miguel Gómez Martínez relacionó la solicitud con la prevención de riesgos para el suministro y pidió simultáneamente aumentar la inversión en exploración y producción de petróleo y gas. El Gobierno sostiene que una mayor oferta doméstica permitiría reducir la dependencia de importaciones, mientras el sector necesita estabilidad regulatoria, nuevas inversiones y políticas de largo plazo para garantizar seguridad energética.